En un esfuerzo colectivo por preservar los bosques, liderado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) y WWF Colombia, se logra convocar a más de veinticuatro entidades del sector público y privado, consumidores y representantes de la sociedad civil para ratificar y ampliar un voto sin precedentes para acabar el tráfico ilegal de madera en Colombia, implementar una política nacional ambiental y mejorar la gobernanza forestal.
Colombia es por naturaleza un territorio donde predominan los ecosistemas forestales. De las 114 millones de hectáreas que comprenden la superficie del país se estima que 55 millones, el 50% del territorio nacional, mantienen cobertura forestal. De esta área, el 50% está concentrado en tierras colectivas de comunidades indígenas y afro descendientes principalmente del Chocó-Darién y la cuenca del Amazonas. La extracción y comercialización ilegal de madera genera un impacto ambiental y socio-económico en el país, afectando no sólo el buen desempeño del sector y aporte al PIB nacional, sino también la seguridad y control de estas comunidades sobre su territorio.
A nivel mundial, la tala ilegal representa entre 20-40% de la producción de madera, cifras similares para el caso de Colombia. Sin embargo, es una tarea difícil estimar la ilegalidad alrededor de la actividad forestal y más aún cuando la carencia de un marco político institucional y normativo sumado a la falta de mecanismos de control generan espacios donde encaja perfectamente lo ilegal; un escenario agravado por factores como el conflicto armado y los cultivos ilícitos, la corrupción y la delincuencia organizada.
Adicionalmente, la diversidad de actores que intervienen en el proceso de madera extraída del bosque natural se encuentran desarticulados entre sí. Es precisamente esta complejidad la que demanda un trabajo mancomunado con los diferentes actores.
Y es por eso que el Pacto busca que todos los eslabones de la cadena involucrados en la extracción y comercialización de la madera (compradores de materia prima, transportadores, transformadores y consumidores finales) garanticen el origen legal de la madera en Colombia. Esta iniciativa surge como respuesta a la devastación de por lo menos 48 mil hectáreas de bosques anualmente y a la sobre explotación de 21 especies forestales.
